El día uno de septiembre comienza oficialmente el curso escolar y los centros educativos inician los preparativos para que el alumnado sea atendido cuando comiencen las clases. Durante todo el verano hemos dispuesto de normas e instrucciones de la Administración Educativa, opiniones diversas y escritos de las direcciones de los centros, AMPAs, sindicatos, etc. Si analizamos toda la información solo podemos extraer una conclusión: existe una incertidumbre total sobre si va a comenzar el curso y en qué condiciones.
La evolución de la pandemia y el número diario de contagios asusta. Gracias a que la presión sobre el sistema sanitario no está siendo excesivamente severa, cabe pensar que el estado de alarma y el consiguiente confinamiento generalizado no será preciso o tardará algún tiempo en llegar. En esta situación, es de suponer que las clases pueden comenzar aunque, hoy por hoy, no existen unas directrices educativas y sanitarias claras y aplicables en todo el estado español.
¿Estará el alumnado y el profesorado protegido de posibles contagios? Evidentemente no, sea cual sea la organización y los medios de que se disponga. Lo único que puede intentarse es disminuir el riesgo.
Las familias y el profesorado exigen más recursos para, entre otras cosas, disminuir la ratio. Pero hay que ser realistas, aunque nos pese. Los espacios, el número de docentes y personal complementario y los presupuestos son muy limitados. No debemos olvidar que si España fuese una empresa estaría en bancarrota.
Estamos pues ante un galimatías sin una solución perfecta, que depende de la evolución de la pandemia en toda la sociedad, que está condicionada por una profunda crisis económica y en la que cualquier medida que se tome conlleva aspectos positivos y negativos.
La inmensa mayoría de los educadores considera que la enseñanza debe ser presencial para garantizar la equidad y evitar desigualdades educativas entre el alumnado. El curso pasado demostró que la educación a distancia dificultó el derecho a la educación a causa de la brecha digital y social de una parte importante de la población.
Por otro lado, no menos importante, hay que tener en cuenta que la escuela cumple un fin social con sus servicios complementarios: aula matinal, comedor y actividades extraescolares. Muchas familias necesitan que sus hijos estén atendidos mientras los dos cónyuges trabajan. La escuela presencial es imprescindible en estos y muchos otros casos.
Podemos extraer, sin miedo a equivocarnos, que, social y educativamente, es preciso abrir escuelas infantiles, colegios e institutos, ampliar y optimizar recursos y minimizar riesgos.
¿Por dónde empezamos?
1.- Consignación presupuestaria.
Los gobiernos central y autonómicos deberían haber determinado, una vez conocidas las fuentes de financiación ofrecidas por la Unión Europea, el presupuesto extraordinario disponible para este curso escolar y, en base a ello, las posibles ampliaciones de espacios y del número de profesionales con que se podría contar. Las cifras que venimos oyendo no alientan nuestro optimismo.
2.- Distribución de los recursos extraordinarios
Dado que ni los espacios ni los recursos humanos son infinitos, hay que establecer prioridades a la hora de distribuirlos. La disminución de la ratio debe comenzar por los cursos de menor edad, en los que el contacto físico es más probable. Cuanto más edad más conocimiento (se supone), y, por tanto, más fácil comprender la necesidad de seguir las normas para evitar los contagios: mascarillas, higiene de manos, distancias de seguridad, etc. Y aunque todos conocemos la energía con la que cuenta el alumnado de edades tempranas y adolescentes, es labor del profesorado y, sobre todo, de la familia, insistir, colaborar y velar por el cumplimiento de las normas. Los centros tendrán que actuar con rigor en esa línea y las familias aceptar las consecuencias, correcciones y posibles sanciones. No podemos olvidar que está en juego la salud de toda la comunidad educativa.
3.- Normas básicas de prevención y actuación en caso de contagios
Debería ser el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, al unísono, los que determinasen las pautas de actuación de obligado cumplimiento para la prevención de los contagios y para los casos en que se detecten afectados por el coronavirus.
En la prevención, las normas que se establezcan han de ser ajustadas a la realidad:
• Si son inevitables grupos de 25, 30 o 35 alumnos, no hablemos de distancia de seguridad de 2 metros, porque es imposible. Hablemos, si acaso, de evitar el contacto físico e incidamos en las medidas de higiene y de desinfección de elementos compartidos (pupitres cuando cambia el usuario, ordenadores, herramientas, etc), por ejemplo.
• Los grupos burbuja son inviables en los niveles superiores puesto que el profesorado especialista transita por diversos cursos y el alumnado se mueve por aulas específicas o se reagrupa por materias optativas.
• La entrada y salida progresiva del alumnado, para evitar las aglomeraciones, no es una cuestión baladí en la mayoría de centros. Cuanto más grandes más complicados, llegándose a convertir en misión imposible.
• Desdoblar grupos y establecer turnos de mañana y tarde depende muy mucho de los presupuestos, de los recursos. De tenerlos, a la tarde sólo podría llevarse al alumnado de más edad, de 3º de ESO en adelante, que goza de mayor autonomía.
• Ampliar los servicios de limpieza y desinfección es inevitable y requiere de la colaboración de los ayuntamientos.
• Etc., etc.
En caso de que se detecten jóvenes o adultos con determinados síntomas o que se sepa que están contagiados, los centros deben saber qué hacer y seguir las mismas reglas, reglas que deben establecerse con base científica, sanitaria.
4.- Organización de la enseñanza según el desarrollo de la pandemia
Cabe pensar que, en un centro o en una zona geográfica, pueden darse distintas circunstancias según la evolución y el número de contagios:
a) Que no afecten a la enseñanza presencial. Seria lo óptimo e impensable en la situación actual para la mayoría de centros.
b) Que esté controlado dentro de unos parámetros y que requiera, para reducir la ratio y la presencia física del alumnado, combinar la enseñanza presencial con la “online”. En este caso, se debe valorar y recompensar el esfuerzo añadido del profesorado, dentro de la reorganización de espacios y tiempos que conlleva, sin olvidar que hay que cubrir las demandas sociales paralelas de muchas familias. Asimismo habrá que legislar y regular esa enseñanza a distancia para evitar en lo posible las desigualdades, dotar a los centros y familias de los recursos tecnológicos apropiados y mejorar la formación y capacitación digital del profesorado.
c) Que la enseñanza sea totalmente a distancia, caso extremo de desbordamiento del número de contagios. Es la opción menos deseada, aunque más probable, y lo recogido en el apartado anterior es extensible a este.
Estamos a finales de agosto y cada centro, que es un mundo, intenta organizarse lo mejor que puede o sabe su equipo directivo, que, en un gran número de casos, ha estado trabajando en julio y agosto. Mientras tanto, la autoridad administrativa o ha estado ausente o mandando mensajes para intentar tranquilizar a la comunidad educativa.
Parece ser que pronto se reunirán la ministra y los responsables de las Consejerías de Educación, pero en la fecha que estamos llegan tarde. No obstante, diremos aquello de: ¡más vale tarde que nunca! Quien espera lo mucho, espera lo poco. A ver qué nos dicen.
Y, como siempre, un deseo unánime: ¡SALUD!
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