Durante el proceso de incorporación a la escuela, con la Covid 19 acechándonos, oímos mensajes y demandas de todo tipo y comparaciones de la actuación de los países que nos rodean.
En España hay una petición generalizada de disminución de la ratio, acompañada de otras como las enfermeras de centro.
Sobre la ratio, partiendo de que el riesgo cero no existe, es evidente que cuantas menos personas haya en un aula menor será la posible carga viral en el grupo y menor la probabilidad de contagio. Por tanto, la medida es excelente.
¿Y cómo se disminuye la ratio? La respuesta es obvia: aumentando el número de grupos y consecuentemente el de profesores. ¿Cuánto? Hagamos números, de una manera simplista pero clarificadora:
En el país hay más de 8 millones de alumnos en la enseñanza no universitaria. Ello significa que, a una media de 28 alumnos por aula (en algunos tramos de edad está por debajo de 25 y otros por encima, por lo que para no parecer exagerado propongo 28), habrían más de 285.000 grupos y si la media de grupos de un centro suponemos que es de 28,5 (por redondear, seguro que los hay más pequeños y otros con mucha más unidades), tendríamos que hay aproximadamente 10.000 centros educativos en el estado español (la realidad es que hay más de 28.000 centros que imparten enseñanzas de régimen general).
Si quisiéramos disminuir la ratio en un 50% necesitaríamos otros 10.000 colegios o espacios equivalentes con esta supuesta estructura de centros. Si a los gastos de construcción y equipamiento le unimos los gastos de funcionamiento, las cifras se disparan. Y si añadimos que hay unos 720.000 profesores en el país, disminuir la ratio un 50% requeriría un número de profesores similar. Traducido a euros, suponiendo un salario bruto medio de 30000€ anuales, habría que disponer de 21.600 millones de euros extra solo para remunerar al profesorado adicional.
Si trasladamos los datos a Andalucía, resulta que tenemos alrededor de 1.600.000 alumnos y reducir la ratio al 50% supondría crear en torno a 2.800 centros y contratar a unos 140.000 profesores nuevos.
Con un cálculo similar, reducir la ratio un 5% requeriría, a nivel andaluz, incrementar la plantilla con más de 7000 docentes. Precisamente, esta es la cifra de profesorado adicional que la Junta de Andalucía pretende contratar, según lo que aparece en prensa.
Existe la alternativa de combinar enseñanza presencial y enseñanza “online”, en Secundaria y postobligatoria, para que la asistencia física del alumnado se reduzca a la mitad, no generando un gasto excesivo. Ésta es una de las propuestas que una mayoría de centros está desarrollando. Y cabría pensar en disminuir la ratio solo en Infantil y Primaria.
En este caso habría que tener en cuenta que en España hay algo más de 4.000.000 de alumnos en esos niveles educativos básicos, lo que significa que reducir la ratio un 50% requeriría más de 5.000 nuevos centros y más de 200.000 maestros adicionales para los centros públicos. Las cifras nos desbordan.
Está claro que cualquier reducción de ratio une a la dificultad de disponibilidad de espacios (soslayable si se hacen turnos de mañana y tarde), los costes de funcionamiento, la existencia de suficientes titulados para ser contratados y los gastos en personal. Resultan cifras que pocos países pueden asumir de un día para otro.
Uno de los países que se pone de ejemplo de intervención es Italia, donde se iban a contratar 100.000 nuevos profesores, utilizar instalaciones de todo tipo y adquirir 2.500.000 pupitres. Si consideramos que el número de docentes italianos es similar al español, 100.000 nuevos profesores supondría reducir la ratio entre un 10 y un 15%. Tampoco es la panacea pero menos da una piedra.
La realidad es la que es. No existe riesgo cero en la vuelta a clase y disminuir la ratio es reducir el riesgo pero se trata de una empresa harto difícil. ¿Qué nos queda? La responsabilidad de alumnado, profesorado, familias, personal complementario, y administración para extremar las medidas de higiene y prevención de todos conocidas. ¡Y a ver qué pasa!
¡SALUD!
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