En 1995, el Grupo Independiente Liberal (GIL) obtuvo una victoria aplastante en las urnas
y gozó de una sólida mayoría absoluta que le permitió aprobar en Pleno todo lo
que quiso y hurtar al máximo órgano municipal, y a los funcionarios nacionales,
el control y seguimiento de muchas de las actividades que desarrollaba su
equipo de gobierno y que eran desviadas a una serie de empresas municipales o mixtas
constituidas por sus concejales y personal de confianza.
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| Toma de posesión de la alcaldía de Estepona por D. Jesús Gil Marín, acompañado por su padre | |
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Si miramos el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Estepona y de sus sociedades mercantiles participadas (ejercicios 1995 a 1999) [
BOE nº 88 de 13/4/2005], encontramos, entre las conclusiones, que el mismo Tribunal de Cuentas tuvo dificultades para obtener la documentación que requería y no había documentación sobre la tramitación de convenios. Además, en la cuestiones relativas a convenios con particulares y enajenaciones de inmuebles, manifiesta el tribunal, entre otras cosas, que se celebraron subastas para la enajenación de aprovechamientos urbanísticos sin que en ese momento fuesen propiedad del Ayuntamiento y se produjeron enajenaciones de bienes sin que constasen las valoraciones oportunas o con precios distintos a los del mercado. En una serie de convenios, los particulares realizaron aportaciones voluntarias al Ayuntamiento para obtener la concesión o rehabilitación de licencias o autorizaciones para realizar obras.
Sobre las Sociedades mercantiles, concluye el Tribunal de Cuentas que el Ayuntamiento fue titular de catorce sociedades mercantiles, la mayor parte participadas por otras sociedades mercantiles, que presentaban objetos sociales muy amplios y referentes a actividades o servicios inconexos entre sí y en algunos casos idénticos, siendo común a todas ellas la compraventa de bienes inmuebles o actividades que no guardaban relación alguna con la prestación de servicios municipales.
Siete de las Sociedades no realizaron prácticamente ninguna actividad, incurriendo en gastos innecesarios soportados por fondos públicos.
Se realizaron ampliaciones de capital en seis Sociedades municipales por un total de 2.265,6 millones de pesetas, todas ellas suscritas por el Ayuntamiento mediante aportación de terrenos con el objeto de entregarlos a terceros en pago de deudas originadas como consecuencia de la realización de obras a través de las Sociedades.
Las transferencias realizadas entre las Sociedades ascendieron a 8.551 millones de ptas.
No se puede conocer el volumen total de fondos gestionado por cada Sociedad.
Todas las Sociedades municipales tenían cerrado el Registro Mercantil, debido al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales de diversos ejercicios.
No estaban adecuadamente justificados 2.735,8 millones de pesetas gestionados por las Sociedades para operaciones como retribuciones a concejales y coordinadores por la presunta asistencia a unos Comités de Dirección, pago de facturas por asesoramiento sin motivo ni razón, anticipos, etc.
Y así, una larga relación de deficiencias en la gestión municipal.
GIL y la herencia Nadal Guerrero
GIL, nada más llegar al poder, empezó a dar señales de su
prepotencia y falta de respeto a los derechos de los ciudadanos. Uno de los
primeros ejemplos fue su actuación con los propietarios del edificio donde
instaló su sede electoral en la Avenida de España, locales que, por cierto,
fueron sede del Partido Comunista de España tras su legalización en 1977.
Cuando los propietarios reclaman el pago del alquiler de dicha sede, GIL endosó el coste del mobiliario al Ayuntamiento y, molesto por la reacción de los dueños, les
expropia el edificio por considerarlo bien de interés público. Evidentemente,
los propietarios de la finca ganaron el pleito judicial que plantearon.
Una actuación similar tuvo con D. Teodoro Úbeda. En vez de
colaborar y buscar una solución al conflicto económico en el que estaba
envuelto el obispo de Mallorca y ayudar a reconducir el proyecto universitario, GIL presiona a D. Teodoro y usurpa una de las parcelas de la herencia, “El Ciprés”,
donde instala La Carpa, un palacio de congresos desmontado de la Expo 92 y que
el ayuntamiento adquirió a bajo costo. Tras tres años de pleitos, en 1998, la
sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga obligó al ayuntamiento a
devolver la posesión de la finca y tuvo que negociar con el obispo para no
tener que derruir la carpa.
Sobre este tema, existe una carta de Jesús Gil Marín, alcalde de
Estepona, al director del periódico El Mundo, publicada el 23 de enero de 1997
en la que afirma:
«Sr. Director:
Dada la fama que ha ganado EL MUNDO como periódico de
investigación fidedigna, me dirijo a usted asombrado por la cantidad de
falsedades que en tan poco espacio se publicaba el pasado domingo 12 de enero,
en referencia a la Universidad de Estepona.
Así pues, quisiera hacer las siguientes precisiones:
1.
El municipio de Estepona no pertenece a Granada, sino que se
encuentra en la provincia de Málaga.
2.
La familia Nadal-Guerrero no era mallorquina ni eran matrimonio,
sino tía y sobrino.
3.
En los testamentos de la familia Nadal-Guerrero, en ningún momento
se expresa que la voluntad de los testadores fuese la de construir una
universidad en Estepona.
4.
La herencia de la familia Nadal-Guerrero ha dado lugar a dos
fundaciones: la Fundación José Nadal, representada por diversas instituciones
de la Iglesia Católica y la Fundación Antonia Guerrero, de la que es Presidente
el alcalde de Estepona.
5.
En ningún momento se ha dicho que la universidad de Estepona fuese
ubicada en los terrenos de la finca El Ciprés donde actualmente se encuentra el
Palacio de Exposiciones y Congresos.
6.
La herencia Nadal-Guerrero engloba tres millones de metros
cuadrados en terrenos, de los que la mayor parte pertenecen a la Fundación José
Nadal y la finca que ha sido objeto de expropiación es de 21.752 metros
cuadrados que, como usted podrá apreciar, supone una insignificante parte de la
totalidad de dicha herencia.
7.
Además, también habría que decir que el proyecto para la posible
construcción de una universidad, impulsado por la Fundación José Nadal en
ningún momento afectaba a los terrenos de la finca El Ciprés.
8.
El proyecto que se presentó para la construcción de una posible
universidad sólo fue un pretexto mediante el cual se preparó una operación
especulativa inmobiliaria, a través de la cual lo único que se consiguió fue un
embargo de 3.000 millones de pesetas por préstamos bancarios con garantía
hipotecaria, afectados además por una deuda de más de 7.000 millones de pesetas
de la empresa promotora Copresa, designada por la Iglesia y con un capital
social de constitución de un millón de pesetas. La sociedad está en la
actualidad declarada en quiebra fraudulenta.
9.
Ha sido la primera vez que los terrenos de la herencia
Nadal-Guerrero han sido de utilidad para el pueblo esteponero con la
construcción en la finca El Ciprés del Palacio de Exposiciones y Congresos que
fue inaugurado el pasado 19 de julio.»
El punto 3 de esta carta transmite la idea de que Gil Marín no
tenía entre sus objetivos el desarrollo de la Universidad y en el punto 8 se da
a entender que la demanda de los bancos podía ascender a 10.000 millones de
pesetas, cifra que adeudaría COPRESA, lo cual nos parece excesivo. Siempre se
ha hablado de que las tierras garantizaban los créditos hipotecarios que
solicitó esa empresa por un montante de 1.500 millones de pesetas, que, con los
intereses, podría haber llegado a 2.000 o 2.500, o sea a 12 o 15 millones de
euros.
La sangría de la herencia, que empezó gobernando el PSOE, continuó
durante el mandato del GIL, como se comprueba con la noticia que aparece en El
País, el 12 de junio de 1997: «Orden de embargo por 100 millones contra el
Obispo de Mallorca». Según el diario, la Audiencia de Palma de Mallorca
había dictado sentencia que facultaba, por segunda vez, al Banco Central
Hispano a ejecutar, embargar y rematar los bienes contra los que D. Teodoro
Úbeda firmó un pagaré de 100 millones de pesetas. «La empresa beneficiaria
de los contravalores librados por el Obispo fue la denominada Corporación
Promotores Europeos S.A., un entramado de sociedades que resultó insolvente y
que antes de hundirse asumió créditos bancarios multimillonarios sin llegar a
efectuar obra alguna. Esta firma debía financiar la construcción de una
delegación universitaria en las citadas fincas de Estepona, mediante la
explotación inmobiliaria y turística de parte de los solares. La sociedad
inmobiliaria quebró y los bancos afectados, en 1993 y 1994, empezaron acciones
ejecutivas y embargos contra Úbeda.
El prelado transmitió en su momento a este diario la enorme
incomodidad moral y el desasosiego personal que le suponía verse involucrado en
un conflicto económico de tamaña magnitud. Úbeda explicó que actuó ajeno a los
avatares financieros, por indicación de una persona de su ámbito eclesiástico
cuya identidad no desveló. Hasta nueve bancos negociaron con parte de los
pagarés y pleitearon para cobrar o bien hacerse con los terrenos de Estepona.
(…)
En los últimos meses, este conglomerado de entidades financieras
pactó asumir la titularidad de un tercio de los terrenos de Estepona, para
retirar sus acciones ejecutivas. El alcalde de la población, Jesús Gil Marín,
mantiene la calificación de zona rústica a los solares de la fundación, que
suponen una cuarta parte del término municipal. Gil se ha enfrentado con Úbeda
por el fracaso del proyecto pero reconoce que el valor inmobiliario posible de
los bienes de la fundación, si se recalificasen, ascenderían a 8.000 millones
de pesetas.»
Próximo a acabar GIL su mandato, el 14 de mayo de 1999, la Herencia Nadal y el Ayuntamiento suscriben un nuevo convenio en el que se acuerda dar un tratamiento global a todas las fincas. En el Anexo nº 1 de dicho convenio se incluyó un cuadro de aprovechamientos urbanísticos, en virtud del cual, el Ayuntamiento adquiriría, a través de los instrumentos de equidistribución, 130.623 metros cuadrados de suelo (66.167 sin cargas de urbanización y 64.456 con cargas) y la Herencia Nadal 532.988 metros cuadrados, en los usos e intensidades, que se fijarían en los Programas de Actuación Urbanística (PAU). Además, la Fundación José Nadal se comprometía a promover la construcción de un Centro Universitario en Estepona, dentro del ámbito del Sector de Suelo Urbanizable no Programado SUNP-R 2.2 (Guadalobón).
En el nuevo convenio se sustituye la Universidad Pontificia de Salamanca
por la Francisco de Vitoria.
Para dar credibilidad al convenio, el 3 de febrero de 1999, Gil
Marín llegó a dictar un decreto de alcaldía que incoaba la cesión de terrenos a
dicho Centro Universitario a través de la Fundación Fides.
El GIL aprovechó la ocasión para utilizar la Universidad con fines
electorales y la oposición municipal, especialmente PSOE e IU, escépticos con los acuerdos realizados por el equipo de gobierno y conscientes
de que en el GIL siempre primaron más los intereses personales de la familia
que los de la localidad, plantaron cara y consiguieron abortar el proyecto. En
el informe que se elaboró al respecto, se acusaba a los gestores de la
Francisco de Vitoria de pertenecer a una organización “integrista radical” y
ser una secta “de las denominadas blandas”. También se ponían en duda
las titulaciones que prometían desarrollar: Derecho y Empresariales, dado que
éstas se impartían en la Universidad de Málaga (UMA).
Alfonso Torres Robles, en su libro “La prodigiosa aventura de
los Legionarios de Cristo”, recoge que «Pasado el momento crítico, los
Legionarios de Cristo intentan ver la parte positiva del asunto: “Quizá
tendremos que agradecer a los socialistas y a IU habernos impedido que
abriésemos un centro allí, pues la Universidad de Málaga se lleva todos los estudiantes,
y eso significa que no habría alumnos en Estepona”, reconoce el director del
área de Expansión del Cufvi, Manuel Salord, quien llevó el peso de las
negociaciones por parte de este grupo.»
