Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, entre los años 2003 y 2007 se veía que el dinero procedente del urbanismo y la construcción fluía por el Ayuntamiento. Las "donaciones" se utilizaban para grandes eventos y, sin embargo, los servicios públicos del municipio no mejoraron casi en nada.
Lo que elevó el grado de desconfianza de una buena parte de la población hacia el equipo de gobierno fue el despliegue de medios que utilizaron en la campaña electoral de 2007. A destacar, entre otros, los conciertos-mítines de artistas importantes.
El PSOE, al igual que el PES, destacaron por la potentísima campaña que realizaron y por los fuertes enfrentamientos entre los líderes de ambos partidos[i]. Los mensajes de corrupción, que el PSOE lanzó a sus socios de gobierno, se parecieron a los que utilizó en la campaña de 1991 contra el CDS de Sánchez Bracho y López Villena, y, al igual que entonces, le dieron su fruto. A pesar de que la abstención llegó al 43,45%, el PSOE se quedó a dos concejales de la mayoría absoluta. Los resultados fueron:
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Partido |
PSOE-A |
PES |
PP |
PA |
ESTEPONA 2007 |
IULV-CA |
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Votos |
7.829 |
4.179 |
3.705 |
1.839 |
1.335 |
1.173 |
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Concejales |
11 |
5 |
5 |
2 |
1 |
1 |
El PSOE formó coalición con el Partido Andalucista de Rafael Montesinos y con Izquierda Unida, cuyo cabeza de lista era Eduardo Alarcón. En 2008, se unió también Rosa Díaz al frente de Estepona 2007. La alcaldía volvió a ostentarla Antonio Barrientos, manteniendo como mano derecha a su jefe de gabinete José Flores, al que muchos consideraban el "alcalde a la sombra".
Sobre la Herencia Nadal, a primeros de octubre de 2007, recién comenzado el mandato, nuevamente los colonos son los que se movilizan criticando la pasividad del Consistorio con las empresas propietarias de los terrenos en el tratamiento de las indemnizaciones que les correspondían.
Y en febrero de 2008 volvemos a oír hablar de la Universidad de Estepona. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció la creación de una universidad en Estepona, extensión de la de Málaga. Se iba a firmar un convenio entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Estepona para crear en el municipio un campus universitario que impartiría titulaciones relacionadas con el deporte y las industrias del ocio.
Por su parte, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, anunció que ese mismo
día iba a firmar un convenio con la rectora de la Universidad de Málaga,
Adelaida de la Calle, y con el consejero de Innovación y Universidades,
Francisco Vallejo, para que se implantase en la ciudad este campus
universitario. Esta firma se haría en un acto público, según confirmaron
fuentes universitarias, en el edificio del rectorado de Málaga.
Tras hacerse pública la noticia por parte del presidente de la Junta de
Andalucía, Barrientos mostró su satisfacción por la llegada de la universidad
al municipio. “Llevamos negociando desde hace mucho tiempo, pero se ha hecho
con mucho sigilo para que saliera adelante”, dijo.
Según explicó Barrientos, el acuerdo no se pudo materializar antes porque en la Universidad de Málaga estaban inmersos en un proceso electoral. No obstante, señaló que las conversaciones tanto con la Junta como con la Universidad de Málaga llevaban realizándose desde hacía varios meses.
En abril de 2008, se trabajaba en la elaboración de un convenio con las empresas propietarias de los terrenos: Urbanizadora XXI SL, Inmobiliaria Acinipo SL, Proyectos Arroyo Vaquero SL, Proyectos Guadalobón SL, Proyectos El Ciprés SL y Proyectos Caniquiqui SL, dado que el Ayuntamiento estaba interesado en la implantación de un Campus Universitario en el Sistema General de Guadalobón y ya había firmado un Acuerdo Marco con la Universidad de Málaga y con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el día 21 de febrero de 2008, para que se impartiesen enseñanzas vinculadas al deporte, turismo e industrias del ocio.
Pero la situación política de Estepona saltó por los aires el 17 de junio de 2008 con la detención de 25 personas entre las que se encontraban el alcalde Antonio Barrientos, el jefe del gabinete de alcaldía José Flores Simón, el líder del PES, José Ignacio Crespo, varios concejales, el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur, el arquitecto municipal Arturo Cebrián, y promotores y empresarios como el presidente del grupo PRASA.
De esta compleja operación policial y judicial hay un dato cierto y es que su origen fue una denuncia de David Valadez y Cristina Rodríguez, concejales del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, presentada el 16 de noviembre de 2006 y ampliada en varias ocasiones. A los imputados se les acusaba de que muchos convenios urbanísticos llevaban tasaciones por debajo de los precios de mercado, que los empresarios se veían obligados a realizar determinados pagos para poder ejecutar sus proyectos, que había una doble o triple contabilidad, etc. La Justicia declaró la causa secreta y la Policía ordenó escuchas telefónicas.
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| David Valadez, elegido alcalde de Estepona |
Han transcurrido más de trece años y aún están pendientes de juicio todos los imputados (51 de unos 95 investigados), lo cual, sean culpables o inocentes, es realmente una condena nada deseable. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de delitos de prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad o blanqueo de capitales. El blog https://operacionastapa.blogspot.com/ cuenta con mucha información, desde una óptica de defensa de los imputados.
En este momento, septiembre de 2021, por lo recogido en la prensa a lo largo de estos años, la presunta trama de corrupción adolece de una total confusión. Más, tras la operación Tándem y la detención del comisario Villarejo.
En estos últimos años, en el diario Público (http://publico.es) han aparecido varios artículos, firmados por Patricia López, que dejan entrever que el caso Astapa fue una maniobra de Villarejo para controlar el urbanismo en Estepona. En el primero, de 21/01/2018, escribe:
«La red del comisario José Manuel Villarejo desmantelada en la Operación Tándem con la detención de sus dos testaferros, Rafael Redondo y Juan Carlos Escribano, colocó en la Gerencia de Urbanismo de Estepona a Diego de Lucas Villarubia, otro de los hombres fuertes del comisario en el municipio malagueño y que fue administrador de una de las sociedades del entramado de blanqueo de capitales que investiga la Audiencia Nacional, Sensible Code S.L.
Entre los empresarios que se reunieron con el comisario Villarejo, tanto en Estepona como en su sede madrileña de Torre Picasso, destaca Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y Urbanizadora XXI y propietario de los terrenos de la conocida en el municipio como Herencia Nadal. A esas reuniones asistió también algunas veces el gerente de urbanismo de Estepona, Diego de Lucas. Hidalgo tiene además una estrecha relación con el comisario Carlos Salamanca, que comparte celda en Estremera junto a Villarejo acusado también de cohecho y blanqueo de capitales, debido a que el empresario es dueño de Air Europa y Salamanca estuvo hasta 2014 como jefe de la comisaria del aeropuerto de Barajas.
El fichaje de De Lucas lo hizo el alcalde que surgió tras la caída del socialista Antonio Barrientos y que fue uno de los miembros de su gabinete: David Valadez. Después reconoció en su grupo municipal que había recibido una llamada de "la policía del Ministerio del Interior" veinte días antes de poner la denuncia contra su compañero del PSOE en el año 2006 que acabaría con la detención de Barrientos y otros miembros de su equipo en la operación Astapa, llevada a cabo por la UDEF en 2008 y que aún no se ha juzgado.
Desde la llegada de Valadez a la alcaldía y de Diego de Lucas a la Gerencia de Urbanismo, "el comisario Villarejo era quien mandaba y controlaba el Urbanismo de Estepona", aseguran fuentes de dicho municipio. "Tanto es así, que el propio Diego de Lucas decía a quien quisiera escucharle que él era un hombre del Ministerio del Interior".
Desde entonces muchos empresarios con intereses urbanísticos en Estepona se veían obligados a desplazarse al despacho Stuart & Mckenzie, que el comisario tiene en Torre Picasso de Madrid. En esas reuniones, Villarejo y sus abogados y socios Rafael Redondo y David Macías alardeaban de poder solucionar cualquier problema urbanístico que los empresarios tuvieran con el Ayuntamiento de Estepona e incluso presumían de tener en su poder el Plan General de Urbanismo del municipio. Macías aparece como propietario de más de una decena de inmuebles que realmente son propiedad del policía, según informes de Asuntos Internos y varias investigaciones judiciales abiertas contra el comisario Villarejo.
(…)
A finales de los 90, Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, compró esos tres millones de metros cuadrados de suelo por unos 40.000 millones de las antiguas pesetas. Pero lo que no sabía Hidalgo cuando hizo esa compra es que del legado de la Herencia Nadal eran también beneficiarios los ciudadanos de Estepona. Por tanto, cuando Hidalgo quiso firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento para poner en marcha esos suelos, se encontró con que el Consistorio reclamaba para el municipio una importante participación en las plusvalías que la reclasificación de esos terrenos iba a generar a su nuevo propietario.
Hidalgo se negó a pagar lo solicitado por el Ayuntamiento –60 millones de euros en concepto de plusvalías para construir, entre otros equipamientos, una Universidad en Estepona para cumplir con lo estipulado en el legado de la Herencia Nadal– quejándose reiteradamente de ello.
Tanto el entonces gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Diego de Lucas Villarubia –persona también muy cercana al empresario, como indicaron el sindicato de funcionarios del Ayuntamiento de Estepona, CSIF, y el concejal no adscrito, Juan Manuel Rodríguez– como el denunciante David Valadez, ya como alcalde del municipio, retomaron con rapidez ese asunto, que estaba aparcado por el anterior gobierno municipal, e intentaron aprobar ese convenio urbanístico hasta en tres ocasiones, sin cobrar al empresario ni un euro de plusvalía para la ciudad. A ello se opuso no sólo toda la oposición, sino también algunos concejales del propio equipo de gobierno que presidía Valadez. Este asunto originó una fuerte polémica en el municipio y una crisis en el gobierno municipal. El interés de Valadez en aprobar ese convenio era tan grande que incluso cesó en sus delegaciones a varios concejales de su equipo de gobierno por no apoyarlo.
Algunos medios de comunicación calificaron el convenio como “pelotazo urbanístico” y “el negocio del siglo”. El escándalo fue tan mayúsculo que, algún tiempo después, hasta la entonces rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, criticó ese convenio, indicando incluso que había que revisarlo.
El peor negocio de Hidalgo
La diferencia era enorme con respecto al convenio que quería firmar el alcalde anterior, Antonio Barrientos, en el que se proponía cobrarle a Hidalgo 60 millones de euros en concepto de plusvalías para la construcción de una universidad y diversos equipamientos para el municipio, mientras que el convenio que querían aprobar el denunciante y alcalde, David Valadez, y sus amigos, Diego de Lucas y el comisario Villarejo, no le exigía al propietario ni un solo euro para el municipio.
Fuentes cercanas a estas reuniones aseguran que el comisario Villarejo había pactado con el empresario José Hidalgo, una fuerte suma si el convenio era aprobado. A este respecto hay que tener en cuenta que el convenio urbanístico que Valadez llevó ante el pleno (a instancias de De Lucas y de Villarejo) reportaba a los propietarios unos beneficios de muchos millones de euros en plusvalías –la oposición los cuantificó en 240 millones de euros–.
Hidalgo, como otros clientes de Villarejo, se ha jactado en público de no verse en problemas por este convenio urbanístico. Y por ahora es cierto. No ha sido llamado a declarar, ni siquiera como testigo, en el caso Astapa, cuando su convenio era el más importante que estaba negociando el Ayuntamiento de Estepona. A lo largo de la investigación y con las diligencias bajo secreto, al ser preguntado por periodistas sobre esta causa que instruye la UDEF afirmó: “A mí, ni me han llamado, ni me llamarán”.
Gracias a la reacción de la oposición, de los técnicos del Ayuntamiento e incluso de algunos concejales socialistas que discrepan de Valadez, el negocio aún no ha culminado. En un acto en Estepona al que acudió Hidalgo a finales de 2017 se lamentó de que a finales de la década de los 90 realizara en el término municipal de Estepona "la mayor inversión en suelo" de su vida, con la adquisición de la Hacienda Nadal, en la que pretendía crear un hotel de cinco estrellas y un complejo residencial de 500 apartamentos, y donde "todavía no se ha podido poner un ladrillo".
En otro artículo de 28/01/2020, que lleva por título “Villarejo y el dueño de Globalia se aliaron contra el exalcalde de Estepona en 'Astapa'”, Patricia López escribe: «El 26 de junio de 2008, seis días después de que estallara la 'Operación Astapa' y se detuviera al alcalde Barrientos junto con concejales, empresarios, etc., Juan José Hidalgo dio una entrevista a El Confidencial en la que afirmaba, respecto a la macro operación policial, que "la Justicia ni me ha llamado, ni me llamará", y añadía que "del Ayuntamiento de Estepona y de su alcalde, Antonio Barrientos, no había recibido más que zancadillas". Algunos vieron en las declaraciones un ejemplo del conocido dicho jurídico ‘excusatio non petita accusatio manifesta’, y es que la mala relación entre el empresario y el entonces alcalde era bien conocida en la zona».
Y en uno de 24/03/2021, en el mismo medio, Patricia López recoge:
«Fue en 2006 cuando David Valadez, portavoz del grupo socialista municipal y concejal de Bienestar Social (uno de los dos ediles que denunciaron), estableció contacto con el dueño de la sociedad Grupo SH Vilamoura, Juan Carlos Escribano Cárcel —socio del comisario Villarejo y detenido junto a él en noviembre de 2017—, que estaba interesado en la promoción de la finca La Ventilla, donde quería construir el Residencial Mirador de la Cala. Valadez, además, tenía relación con el hermano del comisario, Pedro Villarejo, cura de la localidad.
Al poco de que Valadez pusiera la denuncia, y después de que Escribano Cárcel no consiguiera que Barrientos le diera las condiciones que quería para su negocio, Barrientos fue detenido, Valadez fue nombrado alcalde y el proyecto Mirador de la Cala salía adelante, ahorrándose Escribano —y por ende Villarejo— alrededor de millón y medio de euros.
Para colmo, Valadez puso como gerente de Urbanismo a Diego de Lucas Villarubia, que acabaría administrando una de las empresas de Villarejo y su mujer, Sensible Code, compañía que participaría en la web propiedad del comisario Información Sensible.»
Por último, Patricia López, en otro artículo del 10/06/2021, escribe: «(…) Precisamente fue Valadez quien puso la denuncia que desató la causa. Lo hizo después de que el considerado testaferro de Villarejo, Juan Carlos Escribano (detenido en Tándem) le convenciera de hacerlo con ayuda del cura de la localidad, a la sazón, hermano del comisario, conocido popularmente como Pepe Villarejo».
Las últimas noticias, octubre de 2021, manifiestan que Villarejo ha reconocido en el Congreso de los Diputados su participación en el montaje del caso Astapa de Estepona. Lo pueden leer en este artículo del Diario Costa de 25 de octubre: https://diariocosta.com/villarejo-reconoce-en-el-congreso-de-los-diputados-su-participacion-en-el-montaje-del-caso-astapa/
Sea cual sea la realidad del caso Astapa, hay hechos que son incontestables. El urbanismo mueve grandes cantidades de dinero de todo tipo y la gestión urbanística del mandato 2003-2007 tiene puntos oscuros. Basta recordar, en 2006, la construcción del edificio-hotel de PRASA en el Paseo Marítimo delante de la barriada de pescadores; y el acuerdo que se suscribió para su derribo.
En 2010, siendo alcalde David Valadez (PSOE), se retoma el proyecto universitario de Estepona, otra vez de la mano de la Universidad de Málaga. La UMA planeaba impartir el nuevo título de Actividad Física y Deporte en Estepona. De esta forma se crearía el tercer campus universitario, que se sumaría a los de Teatinos y El Ejido, y se podría al mismo tiempo saldar una vieja aspiración de esta localidad de la Costa: tener un centro de estudios superiores. El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) aprobó el 9 de abril la puesta en marcha de ocho nuevas titulaciones en la UMA, entre ellas ésta relacionada con las actividades deportivas. Sin embargo, para que se pudiera impartir el nuevo grado universitario en Estepona era necesario, primero, que el Ayuntamiento pudiera conseguir suelos en los que levantar las instalaciones y en ese momento no los tenía.
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| Archivos de D. Mariano Cabanillas |
Los terrenos de la herencia Nadal en los que se quería levantar el proyecto universitario eran propiedad de la inmobiliaria riojana URBANIZADORA XXI. El Ayuntamiento negociaba un convenio para obtener suelos y recursos.
El alcalde Valadez, que gobernaba en fragilísima minoría, estaba a la espera de "tener garantizados 13 votos" en el Pleno para proponer el desarrollo urbanístico de las zonas de Arroyo Vaquero y Guadalobón. Con esa operación esperaba obtener compensaciones y recursos económicos suficientes para ofrecer a la UMA los terrenos y financiar las obras de urbanización del que sería el primer campus fuera de la capital. Valadez se había reunido en las últimas semanas con los propietarios de los terrenos (Urbanizadora XXI, Globalia y Unicaja) en unos encuentros a los que había invitado a la oposición para despejar futuros obstáculos en el Pleno. El alcalde afirmaba que ya había conseguido un borrador de convenio que sometería al criterio de la Corporación en el momento en que tuviera garantizados los votos suficientes. Pero el escándalo que originó dicho convenio hizo que los concejales de la oposición y algunos del equipo de gobierno manifestasen que votarían en contra.
Durante todo el proceso, Valadez también decía que se habían mantenido reuniones con el Obispado de Málaga para pedirle su colaboración en el proyecto universitario.
El 5 de noviembre de 2010, el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publicaba el Edicto 16713/2010 por el que se sometía a información pública durante veinte días el siguiente convenio, cuyo expediente obra en la Secretaria General (Dependencias Municipales de Urbanismo):
«Primero. Otorgantes: De una parte el ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, y de la otra, las mercantiles "Urbanizadora XXI, Sociedad Anónima, Proyectos Arroyo Vaquero, Sociedad Limitada y Proyectos Guadalobón, Sociedad Limitada".
Segundo. Ámbito: SUNP-06 "Arroyo Vaquero Oeste", SUNP-R2 "Guadalobón" y SG-RI SUNP "Universidad".
Tercero. Objeto: El objeto del presente convenio es la sectorización de los ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado de Guadalobón (SG RI SUNP y SUNP R 2) y de Arroyo Vaquero (SUNP 06), descritos en el apartado 1 de la exposición, mediante el desarrollo y ejecución del planeamiento general vigente, si bien, con las modificaciones al referido planeamiento general reseñadas en el apartado VII de la exposición, en los términos descritos en los planos que se adjuntan al presente convenio como anexos número 12 y 13, así como establecer la ordenación estructural de dichos sectores para su posterior desarrollo mediante los correspondientes planes de desarrollo. Cuarto. Plazo de Vigencia: El presente convenio estará vigente hasta tanto no se complementen las obligaciones que en el mismo se contemplan.
En Estepona, a 24 de septiembre de 2010. El Alcalde, David Valadez López. »
Por dicho convenio la administración local obtenía 300.000 metros cuadrados y 43 millones de euros para la construcción del campus universitario. Las sociedades titulares podrían edificar pero con un índice más bajo de lo que permitía el PGOU ya que las innovaciones establecidas en el convenio de forma conjunta no permitirían en ese momento alcanzar la aprobación definitiva de los dos planes de sectorización -Guadalobón y Arroyo Vaquero- toda vez que supondría un incremento superior al 20% de la población de derecho censada en el municipio conforme a la Ley del Suelo 2008.
Al Convenio que elaboró Valadez, se presentaron un buen número de alegaciones: Asociación Progresistas de Estepona, BNA, Sergio López, UPYD, Francisco Zamorano y otros concejales socialistas, etc.
En febrero de 2011, se conoce la propuesta de resolución a las alegaciones presentadas.En el diario El Mundo, de 25/02/2011, Juan Sánchez escribe un artículo titulado: "El arquitecto municipal condiciona el convenio de la universidad al nuevo PGOU", en el que resume la situación de los terrenos y las dificultades para la ejecución del citado convenio.
El Pleno Municipal rechazó en tres ocasiones el Convenio porque consideraban que los propietarios aumentaban sus beneficios en unos 300 millones de euros y no aportaban ni un euro para la construcción del futuro campus universitario, además de que el convenio no podía materializarse con el PGOU vigente.
Han pasado más de diez años y, en teoría, con la normativa vigente, desde un punto de vista urbanístico, las tierras de la Herencia Nadal se encuentran en un callejón sin salida. Los suelos están clasificados como urbanizables no sectorizados y para su desarrollo se enfrentan a un problema insoluble en la actualidad. Estepona tiene ya colmatado el límite del crecimiento marcado por el POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía), que fija un tope para la planificación de nuevas viviendas a partir del número de habitantes.
En la web urbanismo.com encontramos un artículo ilustrativo sobre el tema, del 23 de febrero de 2021, titulado "Estepona tendrá que esperar a un nuevo PGOU para construir su universidad".
Fuentes utilizadas:
F.J. Albertos. "Antonia Guerrero Díaz". Archivo Díaz de Escovar. Málaga.
Blog de D. Sergio López. https://psr-e.over-blog.com/
[i] El diario SUR de 27 de marzo de 2007 recoge una noticia titulada: “Crespo denunciará al alcalde por descalificarle en un acto político y acusarle de ladrón”. “El líder del PES califica de «desafortunadas y graves» las palabras del regidor pero descarta romper el pacto porque dice que la legislatura está «finiquitada»
Fragmentos del artículo son:
El regidor llamó «garrapata» a sus socios (…)
«Llegaron con la bandera de ser buenos gestores pero eran unos buenos ladrones, como se ha podido comprobar. (…)»
Crespo respondió: «Llevamos cuatro años juntos y le hemos dado un apoyo ilimitado. (…)»
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